El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Entre las novedades incorporadas al texto destaca el compromiso de que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, un Proyecto de Ley de Profesiones de la Intervención Social.
Según ha señalado el Consejo General de la Psicología, esta previsión constituye un avance significativo hacia la regulación de las profesiones que desarrollan su actividad en el ámbito de la intervención social, una demanda que la Organización Colegial viene promoviendo desde hace años junto con el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo General de la Educación Social.
La futura ley tendría como objetivo establecer un marco jurídico común para las profesiones que intervienen directamente con personas, familias y comunidades, especialmente con colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entre otros aspectos, permitiría delimitar las profesiones que integran este ámbito, clarificar sus competencias y funciones, definir los requisitos de formación y cualificación profesional y contribuir a garantizar una atención de calidad a la ciudadanía.
El Consejo General de la Psicología recuerda que, en la actualidad, profesiones como la Psicología, el Trabajo Social, la Educación Social y la Integración Social carecen de una regulación estatal específica en el ámbito de la intervención social. Esta situación genera diferencias entre comunidades autónomas, dificulta la definición de competencias profesionales y puede favorecer situaciones de intrusismo en un ámbito especialmente sensible por dirigirse a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Además de esta importante previsión normativa, la reforma incorpora avances relevantes en materia de discapacidad y dependencia, reforzando un modelo de atención centrado en los derechos humanos, la autonomía personal, la participación comunitaria y la atención integral. Entre otras novedades, reconoce expresamente la atención psicológica como parte de los programas de habilitación y rehabilitación, fortalece el enfoque comunitario en salud mental y amplía las garantías para las personas con discapacidad y sus familias.
Desde el Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales y Comunitarios seguimos con interés la evolución de esta iniciativa, que representa un avance hacia el reconocimiento y fortalecimiento de las profesiones dedicadas a la intervención social y comunitaria y pone en valor el papel de la Psicología en este ámbito de actuación.